Mexicali, B.C., domingo 12 de julio de 2026.- Con el propósito de fortalecer la atención que reciben las y los ciudadanos en las instituciones públicas, la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa para incorporar la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos y la debida diligencia como directrices obligatorias para las personas servidoras públicas del Estado.
La reforma establece que las personas servidoras públicas deberán aplicar estos principios en el ejercicio de sus funciones para garantizar un trato digno, igualitario, imparcial y libre de discriminación a quienes acuden a los servicios públicos, además la propuesta no crea nuevas faltas administrativas ni modifica el régimen de responsabilidades vigente.
En ese sentido, la legisladora propone adicionar una fracción XI al artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, a fin de consolidar un servicio público más cercano, incluyente y respetuoso de los derechos de las personas.
En la exposición de motivos, señala que la Constitución obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como a hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres. También señala que México mantiene compromisos internacionales para prevenir la discriminación y garantizar una atención con pleno respeto a la dignidad humana.
Corral Quintero destacó que el servicio público constituye el principal vínculo entre el Estado y la ciudadanía, por lo que resulta indispensable que quienes ejercen un cargo público actúen con igualdad, respeto y apego a los derechos humanos.
Añadió que la iniciativa fortalecerá la confianza ciudadana en las instituciones, al establecer de forma expresa la obligación de aplicar la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos y la debida diligencia en la prestación de los servicios públicos, con especial beneficio para los grupos que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
El proyecto también contempla que las dependencias, entidades y órganos constitucionalmente autónomos impulsen acciones de capacitación para las personas servidoras públicas en materia de perspectiva de género, igualdad sustantiva, derechos humanos y atención libre de discriminación; estas acciones se realizarán con los recursos ya autorizados, sin generar gasto adicional.
