Mexicali, B.C., viernes 21 de agosto de 2026.- La Diputada María Yolanda Gaona Medina presentó una Iniciativa de reforma y adición a diversas disposiciones de tres leyes del Estado, en materia de protección patrimonial de las personas adultas mayores.
Con la reforma a la Ley del Notariado, al Código Civil y a la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores de Baja California; la legisladora pretende que se blinde y los proteja legalmente de fraudes, despojos, abusos o engaños; y se les garantice certeza jurídica, así como una vejez digna.
En 2026 en Baja California, para ser precisos en Mexicali, la Secretaría General de Gobierno, el Registro Civil del Estado y la Dirección del Archivo General de Notarías, intervinieron de forma conjunta para frenar un intento de fraude inmobiliario en el que se utilizó un acta de defunción falsificada, con el propósito de iniciar de manera ilegal un juicio sucesorio.
A ese caso se han sumado otras denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado, varias de ellas vinculadas a irregularidades en la expedición de actas de defunción. Este tipo de despojo patrimonial contra personas adultas mayores se presenta con una frecuencia prácticamente diaria.
Por ello, indicó Mayola Gaona en su exposición de motivos que, ante el crecimiento de denuncias, sin que exista hoy una vía clara y expedita para atenderlas, hace necesario que esta Soberanía actúe con los instrumentos que sí están a su alcance.
Hoy basta con presentar una copia del acta de defunción, sin que exista obligación alguna de confirmar con el Registro Civil que ese documento sea auténtico. Esa distancia entre presentar un papel y verificarlo es en la práctica, la puerta por la que se han colado buena parte de estos fraudes.
A este problema se suma otro, igual de extendido entre las familias bajacalifornianas; cuando una persona mayor dona su casa, con frecuencia la única propiedad que construyó en toda una vida, la ley actual no exige ninguna garantía de que pueda seguir viviendo ahí después de firmar.
Se han documentado numerosos casos de padres y madres que donaron su vivienda a un hijo o a un familiar cercano, confiando en que nada cambiaría, y que meses o años después terminaron sin un lugar en donde vivir.
El patrimonio que una persona construye a lo largo de toda su vida laboral merece llegar intacto a su vejez. Cuando eso no ocurre, la afectación no se queda en lo económico, golpea directamente la dignidad y la tranquilidad de quien lo pierde, y con frecuencia también la de su familia.
Baja California tiene la oportunidad de cerrar los puntos concretos donde hoy el sistema falla, dándole a sus adultos mayores la certeza de que su patrimonio está protegido, sin necesidad de tratarlos como si ya no pudieran decidir por sí mismos.
