Mexicali, B.C., jueves 15 de octubre de 2026.- Con el propósito de garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a una educación inclusiva y en igualdad de condiciones, la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa de reforma para fortalecer la supervisión y evaluación de las acciones que realiza la Secretaría de Educación de Baja California en esta materia.
La propuesta plantea modificar la Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado, a fin de establecer mecanismos que permitan conocer los avances, identificar deficiencias y mejorar las condiciones educativas de este sector de la población, mediante una mayor coordinación entre las instituciones responsables.
La legisladora señaló en su exposición de motivos que el reconocimiento del derecho a la educación inclusiva representa un avance importante; sin embargo, resulta indispensable verificar que las disposiciones legales se traduzcan en acciones concretas que favorezcan el acceso, la permanencia y el aprendizaje de las personas con discapacidad.
En este sentido, la iniciativa establece que la Secretaría de Educación debe proporcionar informes semestrales al Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad sobre las medidas implementadas en los centros educativos, particularmente en materia de accesibilidad, apoyos, capacitación docente y eliminación de barreras para el aprendizaje.
Además, propone facultar expresamente al Consejo Consultivo para analizar y evaluar dicha información, emitir recomendaciones cuando resulte necesario y dar seguimiento a su atención, con el objetivo de contribuir a la mejora de las políticas públicas de inclusión educativa.
La diputada Corral Quintero destacó la importancia de que las instituciones cuenten con espacios accesibles, materiales adecuados, personal capacitado y herramientas que respondan a las distintas necesidades del alumnado, para que ninguna persona enfrente obstáculos que limiten su desarrollo académico.
Cabe señalar que la reforma no contempla la creación de nuevas dependencias, plazas o estructuras administrativas, sino el aprovechamiento de los organismos existentes para fortalecer la coordinación institucional, la rendición de cuentas y la evaluación de resultados. También establece un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para la entrega del primer informe semestral.
La inicialista busca que la inclusión educativa no se limite al reconocimiento de un derecho, sino que se refleje en mejores oportunidades de aprendizaje, participación y desarrollo para las personas con discapacidad en la entidad.
