Tijuana B.C., martes 26 de agosto de 2025.- Por unanimidad de los diputados que integran la Comisión de Justicia, se aprobó el dictamen 10, que contiene una reforma al Código Penal, promovida por la Gobernadora del Estado Marina del Pilar Avila Olmeda, para castigar con penas de tres a ocho años de prisión el llamado halconeo, es decir la colocación y uso de cámaras de videovigilancia en la vía pública con fines delictivos.
Así mismo se integró a dicho dictamen el contenido de una iniciativa presentada por el diputado Jorge Ramos Hernández, por coincidir en la misma visión en materia de seguridad.
Se dejó en claro que las cámaras que se instalen en domicilios particulares, comercios, distintos negocios e industrias se mantendrán sin problema legal alguno. El objetivo de la reforma es combatir la delincuencia en todas sus modalidades, se dejan a salvo derechos humanos y garantías individuales.
La reforma aprobada a nivel de comisión será turnada a votación general de pleno donde se anticipa tendrá el voto aprobatorio, y tras su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado, pueda entrar en vigor en forma integral.
Los diputados de la Comisión de Justicia que votaron a favor de la reforma y que expresaron su apoyo y destacaron las ideas y propuestas de avanzada de la inicialista Marina del Pilar en materia de seguridad a favor de los bajacalifornianos, fueron Norma Angélica Peñaloza Escobedo, Presidenta, Adrián Humberto Valle Ballesteros, Diego Echavarría Ibarra, Araceli Geraldo Núñez, Juan Manuel Molina García y Ramón Vázquez Valadez.
Tanto Molina García, Geraldo Núñez como Ramos Hernández reiteraron que el uso de cámaras en domicilios particulares y negocios no serán tocadas ni constituyen un delito.
La reforma también contempla agravantes que podrían aumentar la pena hasta en una mitad, como el uso de menores de edad, la participación de servidores públicos o el empleo de vehículos que simulen ser oficiales. Además, se sancionará la intervención o alteración de sistemas de videovigilancia pública, así como la posesión de equipos que interfieran comunicaciones oficiales.
